Outra vez...con premeditación e obscurantismo

http://praza.gal/movementos-sociais/14530/o-peche-de-colexios-fai-revivir-as-protestas-contra-os-recortes-educativos-da-xunta/

La confesionalidad educativa sigue en España criterios del siglo XIX

La presencia que le garantiza la LOMCE, en continuidad de un pasado privilegiado, no garantiza un  presente educativo mejor, de calidad compartida por todos.

Estábamos en los inicios de la Transición aquel 15.06.1977 y, con la Constitución sin aprobar, votamos libremente. Poco después, ya aprobada la Carta Magna, UCD decidió por Ley de 03.10.1979 y por una secuencia de resoluciones de la Dirección General de Enseñanzas Medias hasta el 24.10.1981, introducir su conocimiento en los Institutos. A partir de un listado de aspectos principales, los profesores habían de formular el modo que debería tener en el aula. Al inicio  del curso 81-82 los más voluntariosos se animaron a explicar a sus compañeros de Historia la secuencia que entendían procedente, Fue de ver cómo, al alto grado de improvisación, le sobrevinieron las sorpresas. Como que, después del capítulo de libertades y derechos, y de la secuencia de Poderes del Estado: Ejecutivo, Legislativo y Judicial, propusieran que, para entender bien la Constitución de 1978, habrían de tratarse “los poderes fácticos”, es decir, la Iglesia y del Ejército. Pero lo más sorprendente fue que,  cuando un docente  protestó por entender que en ninguna parte de la Constitución existía tal capítulo, contradictorio con el recién estrenado ordenamiento democrático, otro colega replicara muy airado diciendo: “Ya estamos aquí con la ideología”.

Acerca de “lo fáctico”

Vista desde ahora, 40 años después, esa anécdota no lo es tanto. Mostraba, de fijo, ignorancia de historia constitucional adobada de engrudo fascista, pero, al tiempo, cuando todavía el asalto al Congreso no había tenido lugar, revelaba profunda desconfianza hacia quienes habían detentado tan inmenso poder. En la distancia de estos 40 años, todavía cabe preguntarse en qué medida lo de “fácticos” haya quedado atrás. La transformación del Ejército parece, en general, aceptable por más que su capítulo presupuestario merezca más transparencia. Mas dudoso es, y más contradictorio, que no sea “fáctico” el papel que la Iglesia oficial pretende seguir queriendo ejercer.

Sucede como con el calor: que se habla demasiado del tiempo cuando estamos ante un cambio climático. El apaño hermeneutico que el Tribunal Constitucional se ha esmerado en buscarle al “aconfesionalismo” del art. 16.3 de la Constitución de 1978, se compadece mal con el partido que le saca la Iglesia a su relación con el Estado aunque la creencia religiosa sea otra. Con lo que percibe, a cualquier observador imparcial le costará entender la diferencia de trato que habría tenido si el antónimo “confesional” figurara en ese rango normativo. El deslizamiento  semántico que percibirá violenta la sintaxis y, sobre todo, la economía de los bienes públicos. La simple atención a lo que sucede en Educación, fuente de abundantes recursos,  permite medir el lapso significativo que pueda haber entre ambos términos y, colateralmente, si la Iglesia sigue siendo poder “fáctico” bajo esta  “aconfesionalidad positiva” en sus pretensiones de amoldar esta sociedad actual según la imagen de su fe.

El sistema educativo español tiene dos aspectos de complementario interés al respecto. Lo que los eclesiásticos reciben por la enseñanza de la Religión en los centros públicos se añade a las cantidades que ingresa por ser titulares de centros concertados. En cuanto a lo primero, cuyo recorrido viene de antes de 1851, es un continuismo poco acorde con la pluralidad democrática. De ahí el título de un buen libro de Antonio Viñao: Religión en las aulas: Una materia controvertida (Morata, 2014). En cuanto a lo segundo, la continuidad de los privilegios del pasado –y particularmente de la etapa franquista-  se contradice con una enseñanza pública urgida de recursos para atender mejor a sus estudiantes. Razonar que crezca  a cuenta de un pasado inexplicado y descontextualizado, tiene el inconveniente de que expande un código de conducta puramente imaginativo, inútil para afrontar este presente. Y más cuando, desde 2012, la disparidad de recursos ha sido a la inversa del número de colegiales en ambas vías del sistema.

Pretender que se alargue esta situación dispar es tratar de hacer normal  la amplia cobertura legal que el artc. 27 de la Constitución proporciona a la actividad eclesiástica en el sistema y, complementariamente, lo acordado con la Santa Sede en tiempos del democristiano Marcelino Oreja entre 1976 y 1979. Muy “fáctico” es que, en concordancia, Hacienda revise cada año, desde 2006, las cantidades que signan voluntariamente los ciudadanos en su declaración  del IRPF.  Esta vía de recursos del Estado -que sólo firma un 35% de declarantes- aporta unos 250 millones de € a la Iglesia; complementan los estipendios que percibe de sus fieles, y se añaden a diferentes exenciones y subvenciones de los ministerios, autonomías y ayuntamientos. En total,  y al margen de sus específicas actividades cultuales, los recursos públicos que extrae la Iglesia del Estado para sus actividades particulares rondan, según algunas estimaciones, los 11.000 millones de € anuales. A conciertos educativos corresponden –de “facto”- unos 5.010, de los que 600 sostienen las clases de Religión y otros 10 atienden a Seminarios menores.

Modernidad

A estas alturas, este peculiar “aconfesionalismo” económico o su posible variación  no son cuestiones de sagaz “clericalismo” o “anticlericalismo”. Ese enfoque apologético, con negativa carga melodramática añadida, está muy pasado. Sin contextualizar cómo esos ingredientes trufaron en el siglo XIX la pelea por la prepotencia sociopolítica, pretende un relato ahistórico ingenuo, que no explica la muy conflictiva y lenta transición a la modernización del Estado, ni cómo propició el Concordato de 1851 o la presencia episcopal en los debates parlamentarios. Tampoco aclara cómo condicionó la gran pugna del primer tercio del siglo XX en  que el mundo “clerical” salió victorioso tras la Guerra de 1936. Y menos explica cómo aquel espíritu de “cruzada” impuso su patriarcal criterio “clerical” en lo educativo y cultural prácticamente hasta 1982.  Salvo que se recurra al providencialismo explicativo –antihistórico y azaroso- no se esclarece cómo en 1980 logró aprobar la LOECE, con una gestión peculiar e  idearios de colegios privados amoldados a sus intereses pese a las “subvenciones” que recibía del erario público. Otras tendrán que ser también las justificaciones de las añoranzas de cuando los tiempos eran otros, expresadas en la continuada oposición de las variadas organizaciones eclesiásticas a la LODE (1985) y a la LOGSE (1990) o a la propia LOE (2006), leyes donde puede seguirse la huella de sus protestas. La dicotomía clericalismo/anticlericalismo tampoco dilucida, en fin, el activismo de 2005 -cuando varios obispos protestaron en la calle- ni el estatus logrado en la LOMCE (2013) para la Religión y la preeminente  “iniciativa social” –frente a la pública- para abrir colegios.

A esa descontentadiza actitud permanente, siempre anhelante de presencia absoluta, ocupada en acrecentar su paternalismo social a cuenta de limosnear de lo público, puede llamársele “clericalismo”.  Aunque en el mundo liberal de los negocios temporales, en casos similares suelan usarse locuciones afines al monopolio. En ese desinhibido ahínco por tejer redes de poder cultivando a grupos influyentes y dominio legal, se generan argumentos de novela negra, pero no existe ahí el “anticlericalismo” de estilo antiguo. Contarlo así es un resabio de poder “fáctico” frente a enemigos imaginarios. Que haya eclesiásticos que se apañan muy bien en ese mullido mundo no hace indispensable que la laicidad necesite voluntades concertadas o contubernios “anticlericales”. Más inteligente sería admitir -puesto que estamos en democracia- la necesidad de que existan ciudadanos interesados en la habilidosa voluntad de apostolado en educación de la Conferencia Episcopal (CEE) . Para una institución que pretende acreditarse por su atención a lo social -que sólo da a Cáritas un 2% de lo que percibe por el IRPF- debiera ser habitual justificar su particular acción pastoral -o, según a quien se dirijan, de “servicio”, “caridad”, ”solidaridad” y “acción social”- sin recurrir a los recursos públicos o, en caso de concesiones específicas, facilitando que el Estado pueda evaluar cómo hayan sido aplicados, pues tiene obligación de atender equitativamente y sin privilegios a todos sus ciudadanos.

En otro tiempo, se dio a entender que esto, por la simbiosis “fáctica” existente, no era relevante. Entre innumerables fetichismos mágicos, casi todos los españoles decían ser católicos y se ajustaban a lo que la Iglesia había oficializado en las costumbres. Pero sin que mediara ningún decreto, ambas realidades difieren mucho. En estos 40 años ha aumentado los que no se sienten católicos -como atestiguan las encuestas del CIS- y, en paralelo, creció la sensibilidad hacia la obligación del Estado –“aconfesional”- en preservar que la diferencial perspectiva de cada cual, religiosa o no, quede a salvo. Todos los ciudadanos han de poder pensar, expresarse y actuar como entiendan, sin que ello sirva de pretexto discriminatorio que perjudique su expectativa de vida. Por tanto, proporcionar recursos sociales ha de seguir igual criterio en lo tocante al erario público.

Frente a esta democratizadora dinámica social, “cruzadas” y “misiones” ha habido, sobre todo en la etapa de Juan Pablo II y con  Rouco Varela al frente de la CEE, que depositaron expectativas restauradoras en neoclericales movimientos elitistas y herméticos más allá incluso del Opus Dei, como Legionarios de Cristo, Camino Neocatumenal, Renovación Carismática o Comunión y Liberación. El circuito católico de la educación, coordinado desde la Comisión Episcopal de Enseñanza, contabiliza ya 2.449 centros concertados y 15 universidades. Su objetivo  privatizador dentro del sistema educativo español ha instrumentado su “acción social” –frente a la enseñanza pública que el Estado tiene obligación de gestionar bien- mediante la FERE, el Foro de la Familia, COFAPA, CECE, CONCAPA, EyG, “Libertad de enseñanza”, “Educación y Evangelio”, AESECE, otras organizaciones menores y empresas de carácter editorial como Edelvives, Edebé o SM,  las cuales aparentan la difuminación del cártel educativo logrado en estos 40 años.   Su amplia cobertura publicitaria  en medios como La Razón, ABC, 13TV y la COPE, amén de digitales de diverso alcance neoliberal,  no logra traspasar, sin embargo, el círculo de adeptos que tienden a reproducir “Escuelas católicas” o Universidades como la de Murcia o Pamplona. El afán de notoriedad, buenas relaciones y demostración social es una  línea de emprendimiento y negocio. Pero no es procedente –en democracia y menos cuando la crisis ha puesto en cuestión este modelo- que los otros ciudadanos deban financiarla con recursos públicos. La caridad episcopal a coste cero no existe y habrá de demostrarse que las electivas afinidades de sus movimientos con los intereses del IBEX-35 o los manejos del partido más conservador, son muy beneficiosas para el común de la ciudadanía.

La búsqueda de estos mecenazgos y alianzas de la Iglesia desde el siglo IV d.C. tiene su lado oscuro. Después de tantos siglos, su gestión “confesional” de la temporalidad debiera haber beneficiado -sin cortapisas al conocimiento- a toda la población. Continuarla ahora con un “aconfesionalismo” opaco, indistinguible de aquel largo “confesionalismo”, es difícilmente sostenible. La diversa presencia estratégica de la Religión en la educación prolonga una conflictividad fronteriza incesante desde que, en 1789, perdió el enorme poder anterior. En Francia, claro, porque los españoles volvimos a revivirlo mucho entre 1936-1978, como si los derechos sociales no debieran existir y la caridad suplicante hubiera de suplirlos. En Francia, de todos modos, la ley que independizó las relaciones de Estado e Iglesia es de 1905, como cuenta Fernando Álvarez-Uría en la “Introducción” a una reedición reciente de Halbwachs, M., Acerca del sentimiento religioso en Durkhem (Dado, 2017). Aquí, los Concordatos de 1851 y 1953 prolongaron aquel conflicto de intereses casi hasta hoy, en que la Constitución de 1978 -en combinación con los Acuerdos de 1979- solapa, bajo un supuesto “aconfesionalismo positivo”, la consolidación política del Estado Vaticano dentro de España.

Transparencia

Quienes pretextan resentimiento olvidan que el rencor al inevitable pasado no facilita un presente de dignidad y justicia. Favorece en cambio la esquizofrenia creer que el Cielo autoriza a algunos que amarguen a todos la vida en la Tierra. Crédulos de su omnisciencia, estos círculos eclesiásticos suelen caer en la confusión que, por razones que Bourdieu dejó estudiadas, no les deja distinguir -a conveniencia- entre el propter quem y el post quem, como si la causalidad fuera una mera continuidad temporal. De proseguir en el acomodado “aconfesionalismo” sobrevenido de que disfrutan les hará cada vez mas insociables. La alucinación política les hará ver que, por ejemplo, todos han de comulgar con su “libertad de elección de centro”, tan transparente que el gasto público ha bajado un 12% entre 2009 y 2012, mientras el de los conciertos educativos  -donde los colegios católicos son mayoría- no ha parado de crecer  privilegiando a casi el 30% de escolares.  

Por otro lado, hacer creer que la situación de 2017 es como hace 40 años o anterior burla igualmente toda libertad y equidad democráticas. No sería la primera vez que confunden el propter quem con el mero post quem, pero las oportunistas posiciones de la jerarquía eclesiástica española, por melifluas que se presenten, no permiten olvidar que, a menudo, han sido intransigentes y ajenas a lo que muchos de sus fieles han vivido. Historiadores como Willian J. Callahan lo han explicado luce meridiana y, para los últimos tiempos, merece la pena  leer a Ángel Luis López Villaverde: El poder de la Iglesia en la España Contemporánea: La llave de las almas y de las aulas (Catarata, 2013). En todo caso, ni el pasado se enmienda con “impactos”  tan epidérmicos como los que pretende alguna Memoria reciente, ni las supremacías de antaño son las de hogaño. Aquel pasado de prepotencia resiste ahora mal un complicado proceso interno de mutación, más difícil cuando la secularización es creciente. Para un “pacto educativo” consistente no es buena noticia una CEE orgullosa de un pasado lleno de agujeros de los que no se siente responsable, olvidadiza de su presente sociorreligioso y hostil hacia quienes no compartan sus concepciones del mundo.

Sería una situación excelente, sin embargo, para la humilde coherencia. En Educación, olvidando reminiscentes privilegios como el de la catequesis doctrinal en el currículum: aferrarse a que, en horario escolar, lo faculta la legislación “aconfesional” no se ajusta a la Convención de los Derechos del Niño. O negándose a  la separación de niños y niñas en las aulas y mostrando que no es problema para nadie tener recursos económicos para poder estudiar en sus colegios. Si con el ejercicio astuto de la presión y el intrigante cabildeo pierde crédito esta modalidad de presunta evangelización, gana puntos si derrocha empeño en zonas rurales, ante la niñez más abandonada o en los barrios humildes, como hizo el cura Millán Santos (+2010) en el barrio de Las Delicias (Valladolid).  Justo lo contrario de exigir al Estado conciertos para atender niños bien cuando en el último Informe de UNICEF  -que reafirma a Cáritas- abundan los pretextos para impulsar sus efectivos vocacionales hacia donde se necesitan.  Un designio educador que pretenda erradicar la pobreza y sus consecuencias es ininteligible que se empeñe en hacer pasar por democrático querer fidelizar a unos pocos –favorecidos- a cuenta del escaso dinero de todos. En democracia, el inexplicado pretexto teocrático no puede suplantar a la Educación pública erosionando sus recursos. Esa pretensión de puro favoritismo, en cristiano desprecia la moral. Salvo que el P. Arregui se equivocara diciendo, en 1961, que “el monopolio, sobre todo de las cosas necesarias, fácilmente lesiona la caridad”, razón histórica de esa “pastoral”.

¿Conversión?

Los itinerarios educativos para selectos, parciales per se, no necesitan para su “libertad de elección” el recurso a los PGE (Presupuestos Generales del Estado) ni el auxilio de la CEE. La obligación del Estado es con todos, para que la educación sea un instrumento de conocimiento y de posible ascenso social, de cohesión moral y cívica de toda la ciudadanía. A esto ha de orientarse el propter quem o las razones de la acción educativa eclesiástica si no quiere ser una mera empresa de servicios. Si quiere estar con su “pueblo de Dios”, el aggiornamento de Juan XXIII y su Concilio Vaticano II en los primeros sesenta fueron una auténtica novedad. Hoy, en el post quem de aquella historia esperanzada para muchos, que esas actividades se amparen en interpretaciones laxas de “aconfesionalismo” o en el puro marketing es cada vez más increíble.  Cuando en estos últimos 40 años ha pasado de todo, mejor será abandonar el tozudo cultivo de esos lastres de “lo fáctico” que seguir perdiendo credibilidad.

Manuel Menor Currás

 (Madrid, 21.06.2017)

TEMAS: Pacto educativo. Conferencia Episcopal Española. Millán Santos. Clericalismos. Laicidad. Derecho a la educación. Aconfesionalismo.

El gradualismo político esta contraindicado para las urgencias democráticas

Las mociones de censura últimas muestran perezosas y falaces maneras de afrontar problemas que, como los de Educación o Sanidad, tienen huecos formidables de desatención e incuria.

La mejor conclusión que se puede sacar de muchos debates es lo bien dividida y fragmentada que está la sociedad en provecho de quienes controlan el poder. Ni la oposición es capaz de cohesionarse para concertar una acción capaz de retirar de en medio a quien debieran jubilar, ni los argumentos que suelen manejarse en esas situaciones –excepcionales cuando de mociones de censura se trata- suelen ser capaces de traspasar para el oyente o televidente lo que haya en la necia argumentación ad hominem. A veces, sólo un rencor preestablecido o algún tipo de consigna propicia al twiteo fácil y ruidoso,  machista incluso pero muy apta para desviar la atención de lo principal.

Lo que el sistema quiere y tú no

Los medios suelen repetir, ad pedem literae, esta situación, en provecho de quien ostente el poder, no sea que se muestre esquivo a compensar en prebendas los variados modos de servilismo que tanto dañan al ciudadano anhelante de información fiable sobre lo que acontece. Proponer, pues, que se vote acerca de quién haya ganado en situaciones como la del debate del día 13 en el Congreso de Diputados -si el líder de Podemos o el del PP-  no pasa de estúpida esquizofrenia. Ambos han tenido momentos de lúcida calma e ironía socarrona, lo que es de agradecer. Pero también han estado pródigos, especialmente cuando Rajoy tomaba la palabra, en medias verdades y no pocas falsedades. En esa pugna, los otros actores más bien fueron convidados de piedra, pese a la relevancia que asigna la Constitución a este tipo de mociones.  Desde antes de empezar, más se mostraron oportunistas que interesados en un “cambio real” de una situación problemática. Lo de “marcar los tiempos”, que dicen en el PSOE, no convence. Y lo de estar ahí para que España vaya mejor, que dicen en Ciudadanos, no se lo creen ni ellos: como si hubieran nacido para que todo continúe donde siempre.

a prensa es pródigae nos atropellaque nos invaden...menos, poder seguir contvo que uno se quiera La retórica despectiva esgrimida en la Asamblea de Madrid en días anteriores, si algo había dejado entrever, habían sido manejos tácticos para que la sustancia de lo bien hecho o mal gestionado se perdiera por los laberintos de la nada mientras se exhibía como gran logro una dialéctica de “los nuestros “ y “los otros”, dudosamente civilizada. No es muy optimista lo acontecido después de estos debates para advertir lo mucho que hayamos avanzado en consistencia de conquistas democráticas. Más pareciera que estuviéramos en regresión hacia la imposición del victorioso “ya hemos pasao” frente al resistente “no pasarán”.

Las réplicas del Gobierno a cuestiones flagrantes de transgresión de lo democrático, como la amnistía fiscal de Montoro o -entre infinidad de sinrazones con que topamos a diario para otros partidismos- en las motivaciones que guían al presidente actual de RTVE, no permiten hacerse ilusiones respecto a una repulsa unánime frente a la inmoralidad o el sectarismo en la gestión de lo público. La tónica ramplona y con tirón constante hacia la hegemonía de una sociedad desigual y abusona sigue creciendo en los medios. Ha podido verse en los consejos últimos a mujeres a las que –sin desmerecer de los “manuales de la buena esposa” que tanto proliferaron en España- se les recomendaba que nada impidiera  la satisfacción del varón.

En la misma línea de desconfianza se ha de alinear la poca presencia que, en lo oído en la Asamblea madrileña o en el Congreso estos días, han tenido las políticas educativas. Para quienes trabajan en el sector, tan pocas son y tan poco estimulantes para lo que urge hacer, que las que se han oído en tan solemnes ocasiones son asociables a esos aludidos consejos sobre prepotentes “posiciones para cuando él quiere y tú no”. Oigan: no; más seriedad y no tomen el pelo con el uso de terminologías que nada dicen en una selva de repeticiones anfibológicas.

Lo imprescindible para un trato justo

Cuando hace unos días el “Consejo educativo de la Comunidad de Madrid” –entidad que agrupa actualmente a 14 organizaciones con importante representación social en la vida educativa de esa geografía, aunque no incluye partidos políticos- presentó en público un importante documento que pretendía llamar la atención sobre lo que deberían ser las Bases imprescindibles para que pueda darse un acuerdo educativo social y político en la Comunidad de Madrid, el interés de los medios y de los partidos por la propuesta de modelo educativo latente en este documento –en ningún modo rupturista, radical o revolucionario- también fue tan significativo como el propio documento. Pocos asistieron, como si se tratara de una cuestión de segundo o tercer nivel de preocupaciones.  Por algo Rajoy sabe que lo que vende es hacer llegar al gran público el crecimiento económico y que da igual que sea con viento de cola o con la inestimable ayuda de una coyuntura energética favorable: por eso lo repite como un mantra. Intuye muy bien que no debe mencionar la situación denigrante que vive un sector tan amplio de trabajadores y parados como el existente o que, mientras está exaltando los frutos de su dejación en aras del IBI, la propia OCDE le esté recriminando la enorme brecha social que está generando o, en particular,  las nefastas consecuencias que acusan ya los jóvenes, encargados de continuar nuestras vidas. Teóricamente, hemos de agradecerle a su cortoplacismo neoliberal y superconservador que sepa contarlo con sobria ironía, como si fuera verdad y no esperpento.

En ese panorama -repetidor del que tanto éxito tuviera en los mejores tiempos de la Restauración canovista, que ese día 13 se paseó por el Congreso para aburrimiento ignorante de muchos-  parece que la mejor “posición” aconsejable para todos sea la del gradualismo, ese sistema moral que aparece como logro cuando, ante la dificultad de sacar adelante una decisión coherente, por la que se ha estado peleando denodadamente como justa, se muestra lo más parecido a una claudicación o una derrota en toda regla. Suele tener mucho reconocimiento –continuista- en situaciones de gran desequilibrio de trato o ante relaciones estructurales de sumisión en que lo exigido es docilidad y sometimiento humilde. Este vasallaje resignado es multifacético. Tanto aparece con el patriarcal  no te quejes, como ante el señoritismo machista, el colonialismo depredador del triunfador, el chuleta folclórico que controla el aparato cultural, el ruidoso adolescente malcriado, el editor que te pide una pasta con el original para engordar a cuenta tuya, el castizo recurso a los atributos sexuales… El gradualismo es la gran opción del “España va bien” que ignora a la España que va fatal, pero que de nada vale ante el obstinado eclesiástico que, en nombre de Dios, exige hacer caridad a cuenta del erario público, ni ante el corrupto que saquea a sus vecinos aprovechándose del cargo en nombre de su beneficio privado. Lo sabía muy bien Vélez de Guevara: El Diablo cojuelo (1641). Ante tanto historial bienpensante, el sumiso gradualismo es una sonora resignación, puede que muy sabia pero impotente, para encubrir una silenciosa deserción. Una flagrante injusticia, cuando conlleva abdicación a cumplir los  Derechos Humanos.

En el sistema educativo español, después de lo que dejó establecido la primera ley general que trató de ordenarlo en 1857, y con la salvedad de muy raros momentos -entre los que destaca lo realizado en la II República-, la atención a la enseñanza pública de todos ha sido muy escasa cuando no nula o contraria a su extensión democratizadora. Y cuando ahora hablan de posible “pacto”, el gradualismo impera victorioso como posibilismo incapaz de erradicar esta enorme costra naturalizada. Ángel Gabilondo la  cifraba –en el acto de presentación del documento del Consejo Educativo de Madrid- en torno a tres asuntos que suelen llenar la boca de la Consejería de Educación madrileña: el “bilingüismo”, la “calidad educativa” y  la “libertad de elección de centro”. Son muchos los observadores coincidentes y, si no supieran de la anfibología de estos términos ni hubiera datos muy inquietantes de los déficits que esconden, alabarían gustosos tanto prodigio, tanto que, en lo tocante a mejoras educativas deseables, con cuatro retoques sería suficiente. Desgraciadamente, para más de la mitad de la población estudiantil de esta Comunidad no es así. Está en grave riesgo su única posibilidad de ascenso social, en un área como Madrid tan dual, que bate todos los récords europeos de desigualdad social.  No cuela esa irresponsable exaltación propagandística, como la que, en continuidad con Esperanza Aguirre, sigue exhibiendo el Gobierno de Cifuentes. Tiene sentido, por tanto,  el documento presentado por el citado Consejo, cuya pertinencia viene avalada por abundante información, como la que muestran las cifras oficiales del desmadre madrileño.

Y el bendito gradualismo

Si nadie desconfiara del tacticismo que esconden permanentemente muchos de los actores que podrían invertir esta tendencia degradante de lo público, los votantes expectantes deberían aplaudir al prestigiado gradualismo. Dentro de lo posible, algunas cosillas se iría reformando: con un “acuerdo de transformación” o, mejor, con un “pacto social y político”. El viejo Maquiavelo y, más recientemente, El Gatopardo, conocían bien estas habilidades de la apariencia del cambio. La idea es que no se contente quien no quiera y que todo siga más o menos igual que siempre.  En ello está asidua la segunda parte del noticiario informativo oficial, siempre reconfortante para quienes tienen qué comer: les estimula a que estén plácidamente agradecidos. Frente a tanta demencia existente en el mundo, el consolador gradualismo es, además,  muy rentable. Como lo fue también el Purgatorio después del Concilio de Trento: en ese cosmos, sedaba el ánimo poder cuantificar monetariamente las expectativas de salvación.

Ante un esperpéntico panorama político como el actual, tan rezagado en una escala de la evolución  democrática que soporta una impresionante ristra de ejemplarizantes “amigos políticos” en la cárcel, preservar la vida es un triunfo y dominar la de otros favorece la satisfacción. Pero poder estudiar decentemente, en igualdad, para progresar en el conocimiento y en la independencia personal, cada vez es más un fabuloso lujo selectivo. Para el gradualismo dominante hoy en día en este mercadillo, es muy atractivo que las expectativas de vida de muchos nietos ya sean peores que las de la mayoría de sus abuelos.

TEMAS: Moción de censura. Rajoy. Iglesias. PSOE. Ciudadanos. Asamblea de Madrid. Gradualismo. Tacticismo. Acuerdos educativos. Pacto Educativo. Bases imprescindibles para un pacto justo.

Manuel Menor Currás

Madrid, 14.06.2017

O STEG denuncia a aposta da Consellería polo inglés mentres deixa o galego de lado: a síndrome de Ohio

O pasado venres puidemos coñecer o anuncio por parte da Consellería de que ía fomentar o trilingüismo na educación cunha inversión de 70 millóns de euros en tres anos, que vén confirmar o abandono da política lingüística do noso país á dinámica neoliberal de laissez faire ou xa se verá. No STEG non sabemos que é o que nos escandaliza máis deste dato, publicado coma unha boísima noticia:

-Que esta inversión sexa maior cá inversión en normalización lingüística nos últimos SETE anos, que doutra banda descendeu en máis do 70%, contravindo en todo punto a Carta Europea das linguas rexionais e minoritarias.

-Que, por primeira vez na historia, o número de  galegofalantes baixase do 50% da poboación, dato que para a Consellería semella que é algo inevitábel, coma os temporais de neve ou os incendios de verán cando sopra nordés, quen con esta actitude de desleixo pola nosa lingua, proxecta a idea dun “equilibrio lingüístico” entre as linguas cooficiais que non existe na realidade e de afondamento no plurilingüismo que viría dado, neste Mundo Feliz de Huxley en que parece vivir a Consellería, coma unha necesidade derivada da nosa integración na realidade social europea, nun contexto de globalización e de mobilidade laboral.

-Que cada vez máis persoas da comunidade educativa denuncian o modelo de plurilingüismo que se aplica no estado español, e que ten coma consecuencia que o alumnado non só non adquire unha competencia suficiente na lingua estranxeira, senón que diminúe a adquisición de competencias nas materias impartidas nesta lingua.

Semella que a Consellería aposta por un modelo económico e un mercado de traballo neoliberal, onde  parece que quixesen preparar o alumnado para que saiba atender os  turistas que veñan do estranxeiro ou para que emigre, directamente; seica hai novas lendas que contan que no Courel, cando os nenos van buscar o balón que saíu do campo, xa non volven, marchan directos á emigración...

A xuízo do STEG, a Xunta de Feijoó ampárase nun Decreto  de Plurilingüismo que non está informado de asentamento científico dabondo, como debería ser adoito, ben ao contrario (alomenos en termos de pedagoxía e sociolingüística); ten un carácter marcadamente regresivo e renuncia a obxectivos normalizadores, onde se lle puxeron dende a súa promulgación límites ao galego, a lingua en risco de desaparición, por mor do equilibrio lingüístico (mais parece que o funambulista coxea: máx. 50% e tendencia ao 33%). Igualmente, afástase o galego do ámbito científico- tecnolóxico, quedando en Educación Infantil a cuestión lingüística suxeita á lingua materna predominante na aula baixo a determinación das familias, desaparecendo a normalización en favor dunha dinamización, a do invísibel, que xa vemos en que derivou.

Dende o STEG entendemos que a Consellería mantén unha errada e clamorosa concepción do plurilingüismo, que supón equiparar situacións desiguais das linguas no tocante ao coñecemento e o uso así como no seu recoñecemento social para, na práctica, favorecer a desaparición da lingua minorizada, é dicir, o galego, asimilando o carácter de plurilingüe á aprendizaxe do inglés, prescindindo tamén da concepción ecolóxica das linguas que debe presidir calquera proceso de normalización dunha lingua, isto é, partindo da lingua minorizada como lingua vehicular do mesmo.

Onde está a ética da restitución de dereitos para o conxunto da poboación e non só para uns poucos? Onde a discriminación positiva encamiñada a corrixir asimetrías e derrubar os obstáculos que impiden o exercicio de dereitos fundamentais, entre eles o dereito a expresármonos na lingua propia? Van en Pígara, que din na Terra Cha.

Padece esta Consellería o que informalmente se coñece coma a Síndrome de Ohio: nin O Hío é Ohio nin Hi, oh! é  Oi, ho!

Paralelamente, no STEG sempre defenderemos que para unha mellor adquisición das competencias en calquera materia e para mellorar a calidade do ensino cómpre aumentar a inversión, si, pero aumentala no sentido de favorecer desdobres, aumentar profesorado e diminuír as ratios.

Por último, dende o STEG non queremos que se reduza a inversión no fomento de adquisición de linguas estranxeiras, pero si que esiximos que se faga de maneira estudada e planificada e que non sexa a costa de depauperar e devaluar o ensino do galego, do que tan faltos estamos dende a chegada á Xunta de Feijoó.

Comisión Permanente do Secretariado Nacional do STEG
5 de xuño do 2017

Un "pacto educativo" relevante non se logra desde os "impactos" aleatorios

La Memoria anual de actividades de la Iglesia Católica resulta más oportunista que esclarecedora de lo que puede aportar hoy el confesionalismo educativo.

“Detrás de cada X hay una historia”, anunciaba un franja lateral del ABC digital este pasado día 02.03.2017 por iniciativa de Xtantos, una web bajo la que hay “una llamada a contribuir con la labor de la Iglesia católica: millones de personas que luchan por hacer una sociedad mejor por amor de Dios”.

IRPF “aconfesional”

El precedente de esta campaña publicitaria es la disposición adicional 46ª de los PGE correspondientes a 2016, que mostraba, igual que ha sucedido desde la Ley de Presupuestos del 28.12.2006, la revisión que se había hecho al alza, hasta el 0.7%, de la asignación tributaria que la Iglesia percibía “provisionalmente” desde 1988. Hasta entonces era el 0,5239% del IRPF de las personas físicas que marcaran la casilla correspondiente al “sostenimiento de la Iglesia”.

Desde enero de 2007 esa reformulación tiene “carácter indefinido” y en su origen está el “desarrollo de lo previsto en el artículo II del Acuerdo entre el Estado Español y la Santa Sede sobre Asuntos Económicos, de 3 de enero de 1979”. Incluyó, además, que no hubiera merma de lo percibido el año anterior; se regularizaría todos los años con referencia “a la última liquidación practicada”. Nunca en estos acuerdos se excluyeron otras aportaciones en forma de exenciones y recursos a cuenta de Hacienda u otros Ministerios, Comunidades Autónomas, Ayuntamientos u otras instituciones públicas, incluidos los conciertos educativos de los “colegios católicos”. Ni se contabilizaron los ingresos y estipendios que la Conferencia Episcopal, las Diócesis o que los religiosos y sacerdotes pudieran percibir de las demandas de culto litúrgico -como bautizos, bodas y funerales-, amén de limosnas, donativos, fundaciones o legados que los fieles o devotos tuvieran a bien darles o legarles a cambio de diversos actos rituales, devocionales o procesionales.

Antes de que se ratificara el acuerdo de 28.07.1976 y se llegara a los cuatro Acuerdos vigentes entre España y la Santa Sede el 03.01.1979 –secuencia pactada muy al filo de la Constitución de 1978-, el Estado no se había declarado “aconstitucional”. Esta ambigua fórmula conceptual que ahora se adoptaba supuso, según sentencia del Tribunal Constitucional del 15.02.2001, establecer en la práctica no una laicidad estricta como la vigente en Francia desde 1905 con la Ley Briand –que se trató de mantener alejada en España- , sino una “idea de aconfesionalidad o laicidad positiva”, una especie de sí pero no, en continuidad con “el componente religioso perceptible en la sociedad española”. Es decir, dar prioridad al poso que el tiempo había instituido como habitual modo de convivencia, al menos desde el Concordato de 1953, cuando el Estado se había declarado “confesional”. En ese tiempo, ser español y católico a muchos llegó a parecerles consustancial, de acuerdo con lo aprendido en muchas aulas durante un tiempo más largo que el de la educación nacional-católica. Todavía se declaran católicos aunque no practiquen; mantienen que lo no católico no pertenece a la nación española e insisten en que su decadencia está ligada a su secularización, un tópico que William Kallahan ya detectó en la primera mitad del XIX.

El largo Estado confesional

El Concordato de 1953 supuso una gran disponibilidad de recursos y un poder excepcional para la Iglesia Católica. Un antecedente de lo que para entonces ya sucedía en toda España desde abril de 1939, y que en los lugares donde los sublevados contra la República ya sucedió desde el inicio del golpe de Estado, consta en el acuerdo de 07.06.1941 por el que los vencedores acordaron con el Vaticano respetar la parte sustantiva del Concordato de 1851: sus cuatro primeros artículos. Este Concordato adquiere de este modo una importancia crucial en la transmisión de las aspiraciones temporales del catolicismo.

Le habían precedido unas difíciles negociaciones en que se buscaba el reconocimiento del Vaticano, cuando todavía el Papa tenía gran relevancia en la política europea y, en España, Fernando VII había dejado a su hija Isabel II acosada por el absolutismo carlista. El Papa –y sus delegados los obispos- aceptaban las desamortizaciones de bienes eclesiásticos realizadas y confirmaba los derechos de la Corona en la presentación de cargos episcopales. En contrapartida, el Estado español, se responsabilizaba de sostener al clero y los edificios del culto, financiaba los seminarios, reconocía a los obispos jurisdicción sobre su actividad, y que pudieran acceder a nuevas propiedades y reinstaurar congregaciones religiosas. Después de reconocer al catolicismo la exclusiva “como única religión de la nación española” (art. 1), se exigía que la enseñanza de todos los niveles educativos había de adecuarse “a la pureza de la doctrina de la fe” (art. 2). De una y otra parte se esperaba una conciliación de intereses a través de la cooperación en cuanto a costumbres y educación. Pero el problema seguiría en los límites: ni el liberalismo moderado estaba muy dispuesto a que la Iglesia impusiese la política pública, ni la Iglesia y sus partidarios cederían en sus pretensiones absolutas, razón de las peleas y desavenencias que culminaron en el posicionamiento frente al laicismo republicano. El miedo de los eclesiásticos a perder presencia les llevó siempre a ver cada coyuntura como algo accidental, sin desesperar nunca de la posibilidad del dominio católico universal, pues según predicaban, toda la humanidad procede de Dios, de quien se sentían representantes.

La vuelta en 1953 a los principios fundamentales del Concordato de 1851 –presente ya en los primeros decretos de los antirepublicanos- fue una forma de pago a la Iglesia por su colaboración. La beneficiaria del control y censura de la educación, el arte y las costumbres sociales hasta la Constitución de 1978, se había empeñado a fondo. La gran mayoría del clero y sus obispos –salvo excepciones- o el Congreso de Acción Católica en Burgos, en septiembre de 1936, aprobaron con entusiasmo que la guerra era una “cruzada” en que se dilucidaba –como pregonaba Pla y Deniel el 28.09.1936- la agustiniana lucha entre la ciudad de Dios y la ciudad del Diablo. La connivencia pronto dio en llamarse nacionalcatolicismo o catolicismo de Estado y privilegió la versión más conservadora del catolicismo. En los años sesenta, algunos sectores abiertos a lo que entendieron daría de sí el Concilio Vaticano II, mostraron otras maneras de entender el cristianismo, algunas muy liberadoras, pero pronto quedaron marginadas de la oficialidad católica, que volvió a privilegiar un espiritualismo individualista, propicio a posicionamientos neoconservadores próximos a las políticas neoliberales.

El agustinismo de Pla y Deniel remonta esta historia de temporalidades eclesiásticas a varios siglos antes. Aunque algo tortuoso, ese trayecto es muy aconsejable si se quiere contextualizar el mensaje reciente de la Conferencia Episcopal Española a propósito de “la historia de la X” en la casilla del IRPF. Fue con el Edicto de Teodosio, el 27.02.380, cuando el cristianismo empezó a ser la religión oficial del Estado. Su autoridad, que abarcaba entonces a todo el Imperio romano, proclamaba la ortodoxia del Concilio de Nicea frente a otras doctrinas, y que sólo los creyentes en la Trinidad asumían el título de católicos –universales- señalando a los demás como “herejes” y “locos insensatos”. “Sus lugares de reunión –por tanto- no serán considerados como iglesias y serán destruidos tanto por la venganza divina como por nuestra iniciativa, que tomaremos de acuerdo con el arbitrio celeste”.  (Edictum ad Populum urbis Constantinoplae). Antes de que muriera Teodosio en 393, la Roma católica –émula del duro imperialismo de los césares- empezó a ejercer esa posición dominante y exclusiva, no sólo contra los disidentes sino también contra las religiones “paganas”.

Podemos saltarnos los casi 16 siglos que median hasta 1789, en que entra en crisis el poder religioso omnímodo que tuvieron en el Antiguo Régimen. Pero sin olvidar que el criterio moral, social, político y cultural dominante de esos 1.591 años lo ejerció la Iglesia de manera casi absoluta. Con el Cisma de Oriente (1054) perdió mucho, y con la disputa por el poder con las monarquías modernas nacientes, en torno al Cisma de Avignon (de 1378 a 1417), también. Esas pérdidas acentuaron la reacción a las tesis de Lutero en 1517, cuando el poder político y económico que se amparaba bajo la autoridad doctrinal del Papa se puso en entredicho. La libertad de leer la Biblia sin intermediarios adelantó la modernidad del conocimiento con Bacon, Galileo o Descartes, pero la disputa por el control político entre papistas y antipapistas desarrolló nuevas alianzas estratégicas. Las monarquías que se sucedieron en España ligaron su destino –y el de sus súbditos- al prestigio papal: un toma y daca de matrimonios de conveniencia, coronaciones, guerras de religión, reparto del destino y riquezas de América… Reaccionarias actitudes inquisitoriales, gastos suntuosos a espaldas de las necesidades del tercer Estado y fundaciones más o menos piadosas acompañaron a la persecución de lo establecido en el Concilio de Trento. Y con la Contrarreforma, aparecieron –cómo no- los instrumentos educativos para acrecentar la fidelidad de los vástagos de quienes tenían poder social: los colegios jesuíticos y su ratio studiorum (1599) datan de entonces.

Y pese a esos esfuerzos por situar el dominio eclesiástico en las altas esferas de las decisiones políticas, de esos mimbres saldrían algunos prohombres del pensamiento ilustrado como Voltaire. Sus cartas filosóficas, sus peleas contra el fanatismo, sus sátiras e ironías contra el cándido optimismo y, sobre todo su defensa de la tolerancia y la libertad de pensamiento, de que dejó sobrada constancia en su Diccionario filosófico (1764), planteaban un mundo distinto, opuesto incluso al que, predominantemente, venía defendiendo la Iglesia. Más allá de posiciones excepcionales, más abundantes en el clero bajo, las actitudes en que se fue implicando prioritariamente el Papado y la jerarquía católica desde 1789 hasta el presente ilustran bien el “impacto” a que se refiere la Conferencia Episcopal Española al auditar la múltiple actividad “social” de la Iglesia en España. Permiten advertir continuidades significativas. Por ejemplo, si se estudia de qué lado se pusieron en la primera restauración absolutista española, entre 1814-1820, o cuando la Santa Alianza envió los “100.000 hijos de San Luis”, en 1822, para “liberar” a Fernando VII del constitucionalismo de Cádiz. La pérdida inminente de Roma el 20.09.1870, como último reducto de poder temporal de Pío IX, es redundante en muchos aspectos complementarios. Elevó su autoridad doctrinal en el Concilio Vaticano I que se estaba celebrando, y lo encastilló –como “prisionero”- a la defensiva durante largo tiempo frente a “toda modernidad”, como se impuso al clero entre 1910 y 1967. La convulsión producida marcó la sensibilidad social eclesiástica: basta ver de qué lado se puso la caridad “social” que promovió la Rerum novarum en 1891, cuando el “movimiento obrero” llevaba más de medio siglo en marcha e incluso Bismarck se había pronunciado a favor de un Estado de “seguridad social” que limitara el absoluto derecho de propiedad de la Economía política. Más cerca, y sin entrar en cómo hayan sido o sigan siendo las afinidades selectivas de muchos obispos, ahí están en sus propios medios informativos sus apoyos a doctrinas e intereses no impelidos precisamente por las urgencias democráticas.

El “impacto” de ahora

Sin conocer ese pasado de hegemonía y exclusividad es difícil comprender por qué tenga interés hablar de las relaciones de la Iglesia con la LOMCE y con un posible pacto educativo. Más tonto es soportar un marketing equívoco sobre aportación de recursos del Estado vía IRPF para atraer posibles descontentos en un momento de hartazgo y desilusion ciudadana. Si solo fuera cuestión de publicidad, esta apuesta de Xtantos solo sería una campaña publicitaria más. E igual cabría decir de la cuantificación del supuesto “impacto social” que atribuye a su uso la reciente Memoria. Sería una de tantas que inundan nuestro mundo mediático de continuo. El problema es que, sin entrar en el detalle de sus confusos ingredientes analíticos, metodología seguida y comparativas de lo cuantificado-, en este asunto todos estamos implicados queramos o no, valoremos o no lo religioso.

El contexto último de esta publicidad es significativo. Que la Iglesia haya tenido que encontrar alianzas dentro del Tribunal de Cuentas para que los capítulos de lo recaudado por esta vía de los ingresos públicos, no tuvieran que ser detallados, o la prisa por la que la propiedad registral de la Iglesia haya sido tan acelerada desde 1998 y a contracorriente de muchas demandas ciudadanas, no coordinan con lo que pretende destacar esta Memoria. Qué suceda con los recursos públicos totales o cuáles sean sus preferencias de la Iglesia en la distribución de lo que le proporciona el Estado son cuestiones que ofrecen flancos bastante oscuros al “impacto” de la actividad eclesiástica. No se sabe de excedentes ni a dónde vayan a parar; qué tenga que ver, por ejemplo, lo que percibe Cáritas con lo que se invierta en publicidad e información muy discutibles… , entre otras cuestiones a las que la ciudadanía que paga tiene derecho a conocer.

No debiera quedar flotando la duda de si se trata de un Estado dentro de otro Estado, porque detrás de la casilla del IRPF a la Iglesia está que todos los ciudadanos sostienen con sus impuestos la Religión católica y las otras que se van apuntando. No se ciñe a una estricta asignación voluntaria: haya o no haya crisis, lo percibido el año anterior es obligatorio para el Estado. Y, por otro lado, además de que también percibe de la otra casilla, la de fines de interés social, lo aportado a través de la correspondiente a la Iglesia sólo es una pequeña parte de lo que recibe la Iglesia del Estado –unos 11.000 millones de euros según algunas estimaciones- , sin contar lo de los fieles que solicitan sus servicios y de los visitantes de sus archivos y museos o patrimonio general: unos y otros han de pasar por variadas formas de copago casi siempre, sin que se tenga control claro de su destino ni de si revierten esas actividades a Hacienda algún impuesto. Y si se habla de colegios, hospitales y centros asistenciales, cualquier apreciación cualitativa de “impacto” –del orden que sea- es gratuita si no va acompañada del correspondiente cómputo de ingresos particulares o de carácter público que los sostienen, además de la especificación de otros aspectos de orden social que permitan establecer comparaciones significativas.

La búsqueda de que impacte mucho el “impacto” que polariza esta Memoria de actividades debilita mucho el mensaje pretendido. Contemplada a la luz de la larga historia que los obispos tienen detrás y no siendo el “poder fáctico” que fueron, puede que tuviera razón Bourdieu cuando afirmaba que “no pudiendo declararse como poder de pleno derecho”, estén condenados “a mentirse a sí mismos y, por esta razón, al doble lenguaje y más precisamente a los procedimientos del doble sentido y del eufemismo, tan profundamente característicos del discurso religioso en su universalidad” (La sagrada Familia, 1982). No se ha de olvidar que, cuando implican valores muy preciados como los de índole sacral, están jugando con valores simbólicos de gran relevancia, tras los que pretenden enmascarar tratamientos significativos de la diferencia para fidelizar mejor al conjunto social. Desde mucho antes de la Transición democrática, no pocos centros educativos y asistenciales han proporcionado muchas veces este mal ejemplo. Añádase el adoctrinamiento temprano que ansían en los centros públicos con una enseñanza de la Religión que vaya más allá de lo logrado en la LOMCE. Y se entenderá que este empleo de los recursos públicos en plan catequético resulte contradictorio con los derechos y necesidades del común de una ciudadanía crecientemente plural y secularizada. Tanto, que la invocación a una “aconfesionalidad o laicidad positiva” a que hacía apelación el Tribunal Constitucional en la sentencia aludida, es cada vez menos sostenible con los datos del CIS en la mano.

Memoria y Evangelio

En consecuencia, cuando el ritmo de vida interna de la propia Iglesia Católica en España acusa problemas serios de sostenibilidad -aparte de otros de renovación profunda de su propia jerarquía-, es hipócrita acusar indebidamente a quienes demanden explicaciones coherentes de comportamientos falaces o pongan en cuestión determinados privilegios en el uso de recursos públicos: la “libertad religiosa” no exime de otras obligaciones cívicas con la equidad, amén de lealtad con lo que se pretende enseñar acerca de “los nuestros” y “los otros”. Alegaciones en pro de la ampliación de las subvenciones a la Iglesia, como la pretextada en esta última Memoria anual de Actividades de la Iglesia Católica en España, requieren a estas alturas de la película un manejo más humilde y transparente de los datos. Ni este contexto es el adecuado para alardes, ni las resonancias de la voz de Teodosio como si no hubiera pasado nada son el mejor procedimiento para llegar a un sano “pacto educativo” a la altura de un Estado de verdad aconstitucional.

Lo “caritativo” o “benéfico”, e incluso la “acción social”, suelen pretender hacer amables actividades o propósitos poco benignos. La “obra social de las Cajas de ahorro” fue una adelantada en ese terreno: desde 1834, han dejado en España abundante rastro del sueño burgués de cómo soslayar los fuertes problemas de “la cuestión social” sin arriesgar el orden instituido y menos el de sus promotores. Si las obligaciones de la Conferencia Episcopal con el “Evangelio” van a adoptar definitivamente el camino apologético de esta política de marca debiera advertir que, si no se traduce en prácticas más consistentes, su responsabilidad social corporativa tendrá cada vez más difícil hacerse cargo de un pasado tan largo como intrincado de explicar desde la habitual anfibología expresiva de la caridad ante la pobreza. A los muchos perjudicados y excluidos de esa historia se añade que hoy, cuando hasta existe pobreza digital, los recursos públicos siguen siendo escasos para una justicia distributiva fraternal.

Las instituciones hablan por lo que hacen y los jerarcas católicos han preferido ocuparse en promover una moral subjetiva de base religiosa, salvífica a título individual. Podían haberse empleado en propuestas y sociabilidad que dieran una consistencia fuerte a lo público, pero su descontento permanente con los logros democráticos eligió erosionarlo pro domo sua y con aliados que buscan su negocio particular. La continuidad en esa trayectoria histórica de defensores de una caridad aleatoria –que autopromocionen ellos mismos- resulta hoy muy débil para que la vida de todos los ciudadanos sea vivible en la Tierra como derecho. Cambien de onda y serán bien acogidos, como lo han sido siempre los curas y monjas que se han comprometido de verdad en el esfuerzo común. Empiecen, por ejemplo, promoviendo una consultoría independiente que evalúe en qué medida no compartir pupitre en la niñez y adolescencia genera ciudadanos/as de distintas categorías, concernidos/as por desiguales reglas tipológicas de conducta y de género. Tal vez haciendo avanzar la historia educativa, puedan hacer creíble –más allá de un círculo incondicional- algo del “impacto” que pretenden...

TEMAS: Igualdad. Fraternidad. Justicia distributiva. Caridad. Beneficencia. Escuela publica. Escuela privada. IRPF. Laicismo. Aconfesionalidad. Concordatos. Catolicismo.

Manuel Menor Currás

Madrid, 07.06.2017

A equidistancia tamén está de moda. En Educación, como no demais

O suposto “diálogo” para un “pacto” é magnífica ocasión para saber quen aspiran a postos máis rendibles. Molestar ao institucionalismo dominante non é produtivo.

Tamén esta actitude é moi frecuente nos humanos. Case nunca é o contrario da distancia, senón un modo de aparentar que non se está cuns nin con outros; coma se mostrarse descomprometido non fose unha forma de aparentar neutralidade sen perder pé en posicións adquiridas. Escusas e pretextos para a equidistancia non faltan no transcurso da vida:
-Fillo, non te perdas -dicían as nais cando nos sesenta se empezaba a protestar polo inmobilismo gris-.

-Estou desengañado do que soñara cando era mozo, imaxinamos -din agora-; “á miña idade non debo desentoar”

A desfachatez equidistante

Soaralles aquilo de que na guerra os dous bandos foron iguais; ou que todos os políticos tamén, xa se sabe. Recordárono recientemente investigadores avezados nos saltos intelectuais que axudan a estar onde supostamente están novelistas e escritores pillados en renuncios porque o “inapropiado” podería prexudicar subvencións ou apoios mediáticos que, á súa vez, puidesen redundar desventaxosamente no ranking da estima simbólica. Cantos escriben saben que optar por unha perspectiva silencia outras, pero tamén se é decente unha interpretación dos asuntos a conciencia de que se ocultan os xeitos de ver ou conmemorar rigorosas, capaces de explicar documentadamente o acontecido. Elixir o oportunista adoita abundar cando se teñen expectativas persoais; non aporta luz ao mellor entendemento das cuestións, pero promociona ao manobreiro que rendibiliza a tranquila traxectoria inmutable de conviccións establecidas.

Esa equidistancia adoita ser, tamén, a escusa dos quen foron pillados nalgunha inconveniencia que, sen responder exactamente aos cánones xurídicos do corrupto, enturba o decente. Xeran as desculpas que abrollan para intentar tapar o buraco de sospeitas que se agranda e algunhas, como a de Celia Villalobos respecto de que houbese unha ansiedade por que os dirixentes fosen pobres de solemnidade, engaden prepotencia señoritil, ofenden por estúpidas e fartan pola súa hipocrisía, o que sempre cheira mal. Adoitan desenvolver moito esta actitude igualmente moitos comentaristas en idade e situación de merecer, e máis agora en que manterse en tales traballos é máis azaroso que en época feudal. Que a un o boten pola fiestra no canto de que lle fagan saír pola porta non adorna o bo currículum, e ante o risco de expoñerse coa verdade que deberían dicir honestamente, mellor se subrogan a conveniencia de quen paga. A prudente equidistancia fai ascender na escala meritocrática do oportunismo e confirma que nadar e gardar a roupa, manter o término medio -aínda que sexa o máis contrario a verdade- trae prestixio. Os equilibristas sempre deron boa fama aos circos.

Innovadores en proceso

Con motivo do suposto “diálogo” para un posible “Pacto político e social en Educación”, entre os 82 comparecientes chamados a opinar destacan os expertos nestes equilibrios dunha “arte da guerra” digno de Sun Tzu. Poucos coñecen os problemas reais que ten o sistema educativo e, en particular, os que coartan ao sector estrictamente público: cáelles lonxe da súa experiencia vital. Pero é igual: o formato desta Subcomisión está deseñado para que todo valla e que a proposta final sexa un curta e pega aleatorio, sen que consten os criterios a que vaia obedecer. Destacan por iso os comparecientes que falan por boca de ganso, o que fai, ademais, que sexan bastantes os que, sabendo destes asuntos, cóntanos desde esa posición equidistante que tanto vale para un roto como para un descosido propiciando que continúen incólumes.

A destes é unha virtuosa contribución a que o existente prosiga. Se de paso encumían o seu hipotético prestixio persoal, poden labrarse un futuro, mellorar a súa economía e conseguir algunha medalla. Ademais da establecida divisoria do sistema educativo, hai editoriais consolidadas e outras perspectivas de negocio -de alcance internacional- que anceian aumente a desregulación do sistema, propicio para pretextos innovadores en formato de compras de software cada vez máis sofisticado, cursos de formación online, soportes digitais e instrumentos TIC de diversa envergadura para un ensino -din- máis acorde cos tempos actuais. Universidades hai e institucións de diversa tradición que xa non dubidan en xogar con este modo de “innovar”, unha actitude de moita rendibilidade en perspectiva.

Neste tránsito fan falta mans e cerebros que, en debates, presentacións, feiras e propostas de “pacto”, propicien tales fórmulas de “emprendimento” en que un sistema público de calidade probada non prospere. É unha ocasión de ouro para que as mentes máis listas e sen demasiadas rémoras utópicas en torno ás posibilidades da educación poidan lucirse e ser cooptadas. Os máis perspicaces avizoran ben estas ocasións. Na madurez, logo de longos anos en traballos que talvez lles deron nome pero fraca rendibilidade a outras ambicións, as azarosas ondas de opinión e poder posibilítanlles saír das súas caladas rutinas. E cara alí reorientanse para non perder comba, con leves xiros conceptuais e algunha apostila anecdótica nas súas intervencións que, cando menos, semente o ruído no posible debate. Mestres na equidistancia, tratan de sentar cátedra, pero no sentido máis oposto ao que en sa produción intelectual cabería, autocompracentes na súa deriva de aparencia transgresora.

Escola pública de quen

O casting de políticas educativas da Carreira de San Xerome posibilita ao lector estar ao tanto destas equidistancias exquisitas. Poderá observalas se presta atención ao uso significativo que se fai de conceptos como “Educación”, “Ensino”, “Instrución”, “Pedagoxía”, “Sistema educativo”, “Educación pública”, Educación privada?, “Educación concertada”, “Relixión”, “Educación ilustrada”., “Mestre”, “Profesor,” “Profesional docente”, “Traballador docente”, “Estatuto docente”, “Formación docente”, “Xestión de centros educativos”, “Gobernanza de centros educativos”, “Comunidade educativa”, “Proxectos educativos”, “Investimento educativo”, “Custo inversor”, “Igualdade de oportunidades”, “Eficiencia”, “Xestión”, “Gremialismo”, “Rendibilidade educativa”... Parecen moitos pero só son unha leve mostra dun dicionario que case sempre adoita ser un gran enredo nominalista que funciona máis como “ficcionario” para distraer a posibles adversarios: todo moi escolástico. Logo, aínda hai que ver como se traba e relaciona todo -sen contradicións-, para que, entre tanta complexidade de asuntos que se entrecruzan no día a día da educación real e os seus resultados, acertar na combinación. Non é fácil construír a máis adecuada para lograr un sistema que sexa xusto, libre e equitativo, acorde coa convivencia democrática que desexamos para a nosa sociedade. Teoricamente é dos cidadáns, pero imaxínense que poden e queren que sexa un sistema educativo en que as potencialidades de todos os nosos nenos e mozos poidan desenvolverse o mellor posible e nunhas circunstancias de convivencia óptimas. Terán moitas claves prácticas para entender que o que lles conten ou añoren os que se expresan con tanta locuacidade repetitiva e cansina sobre estes termos, pode ser unha tomadura de pelo, en que a equidistancia estea moi colgada de intereses particulares e case nada do ben común dunha democracia educativa.

Non esquezan que levamos intentándoo desde 1857 e que falta moito. Un pouco de seriedade. Que non lles fagan tragar, por exemplo, que todo o sistema educativo é público cando as posibilidades de ir a uns ou outros centros escolares e universitarios están, en xeral, condicionados por situacións anteriores ao nacemento dos individuos. Ou cando, baixo a aparencia formal de que un centro se diga público, as formas de segregación internas poden ser tan perversas como as dalgúns centros de xestión máis privada. Para aclarar cuestións principais como estas podemos preguntarlles aos 580.000 “nenos da chave” que, segundo EDUCO, terán un verán problemático porque os seus pais teñen empregos precarios. Esa miseria, que tanto limita o que podería aportarlles a escolarización, xa afecta en España -segundo un estudo dos pedagogos sociais- ao 30% da poboación infantil, unha taxa que veu crecendo desde o inicio da crise e que nos sitúa no posto 31 de 35 países europeos en pobreza infantil relativa. De parte de que expertos nos habemos de poñer para que esa lacra desapareza? Liquidaraa a man invisible do mercado ou un pacto caritativo que non apunte a fortalecer unha boa escola pública que sexa expresión viva da solidariedade colectiva? Como se imaxina vostede un futuro en que os nenos se clasifiquen dende pequeñitos en varias categorías segundo onde nazan, ademais doutras que a LOMCE tamén lles asigna?

TEMAS: Sistema educativo. Educación pública. Educación privada. Expertos educativos. Pacto educativo. Equidistancia interpretativa.

Manuel Menor Currás

Madrid, 31/05/2017