Se reanudan los
trabajos de la Subcomisión parlamentaria por un Pacto educativo.
También la expectativa de que no aumente la decepción.
El
comienzo del otoño viene coloreado este año de cansancios y olvidos
que, si no se remedian, alcanzarán más pronto que tarde cambios
climáticos nada propicios par la convivencia colectiva. El problema
no es del día 1-O, sino de lo que seamos capaces de armar desde el
día siguiente. Las circunstancias que han propiciado ese momento
hosco habrán de revisarse a fondo si se está por fomentar una
unidad consistente de los distintos territorios que merezca la pena.
De proseguir el itinerario emprendido para este duro presente será
difícil restablecer unas condiciones en que todos se sientan parte
de lo mismo: es evidente que con el mero recurso a la legalidad
ordenancista no es suficiente.
El reglamento
La decisión de recurrir
constantemente a la intangibilidad de lo legislado en otro momento
nunca ha sido suficiente para atender a las variaciones que la
necesaria evolución de los acontecimientos haya ido imponiendo de
continuo. Ni siquiera en la etapa franquista fueron capaces de
sostener aquel tinglado sin adaptaciones reformistas de lo suyo. El
paso del tiempo y el peso de lo que en otra circunstancia era
irrelevante pero que ahora tiene relieve –o la necesaria
variabilidad de los componentes que intervienen en las modulaciones
de las formas de vida- hace imprescindible que las decisiones
políticas se acompasen al ritmo de ese torrente vital. Salvo que se
prefiera la obsolescencia que impone el atenerse a la literalidad
reglamentista, pese a que pueda erigirse en motivo rupturista.
Esta actitud suele ir
acompañada de planteamientos conceptuales absolutos. Es propia de
los poseedores exclusivos de la certeza, nada propicios para
compartir ni acompañar en el camino vital a otros. Este tipo de
determinaciones políticas las generan gentes y grupos que resultan
beneficiados con que todo siga intacto. Incluso en coyunturas
formalmente democráticas favorecen su posición dominante y se
corresponden mejor con su manera de procurar que los demás se
atengan a lo que ellos deciden que es la verdad.
El pretexto y la ocasión
puede ser cualquiera, pero la actitud siempre es la misma y, de
inmediato, las posiciones que se producen suelen ser muy antagónicas,
casi siempre abocadas al desencuentro y a la imposición más o menos
arbitraria. Da igual: siempre maduran mediante la intimidación de la
fuerza y la escalada del miedo. En este momento, la cuestión que
ocupa casi todo el escenario mediático es la de las relaciones
con Cataluña. Pero no se debiera olvidar que, simultáneamente,
hay asuntos de tanta o mayor importancia que están siendo ocultados
a la atención pública a causa de esta urgencia. Entre otros, la
precariedad de los pocos empleos que se generan, las distancias
sociales crecientes o los derechos sociales disminuidos. La cuestión
de la enseñanza pública, en creciente asalto de las privatizaciones
y recorte de medios, no es asunto menor. Y tampoco lo es que todo ese
conjunto de desatinos e incertidumbres, que ha de sufrir
especialmente la mayoría del pueblo llano, haya de convivir con los
perjuicios que plantean los casos de corrupción y asalto al erario
público, con la derivación hacia un creciente desapego ciudadano
hacia la vida política.
La cronificación de
los recortes
A la España de 2017 le
sucede algo muy similar a lo que acontece con el curso escolar que
lleva el mismo guarismo. Es más: lo que está aconteciendo en ese
microcosmos de la educación es una metáfora de lo que sucede en
otros planos más amplios. La LOMCE –la ley vigente- sigue en vigor
pregonando la “mejora del sistema educativo”, pero la
inversión se congela y los recortes se cronifican. Lo que
equivale al truco de siempre: lo bueno, bonito y barato siempre
perjudica, sobre todo, a los más débiles y más crédulos. Si en
relación con el PIB la evolución del gasto público educativo ha
bajado desde 2009 hasta ahora sistemáticamente, pese al supuesto
crecimiento final de este indicador; si entretanto se ha sostenido e
incluso se ha acrecentado levemente el de los conciertos educativos,
cosa que en Madrid, Cataluña o Valencia, ha sido más contundente;
si el alumnado matriculado en los centros públicos ha ido en aumento
en estos mismos años desde 2009; si el gasto público en atención a
la diversidad ha servido para afianzar la desigualdad; o si han
disminuido los becarios, las becas y sus cuantías y, además, no se
recupera el empleo docente y aumenta su temporalidad pese al acuerdo
firmado en marzo de 2017, no se puede decir que España vaya bien,
ni que todo sea cuestión de unos problemillas que estamos a punto de
resolver con las reformas emprendidas.
Lo que sugiere lo
acontecido con los asuntos educativos es que hay problemas de fondo,
más estructurales, que no se arreglan, como se pretende, con un
juego terminológico que remita a la legalidad vigente. El diálogo
político atento a los problemas de todos es más duro e incómodo,
pero es lo que se echa en falta si de una España de todos se habla,
pues las diferencias en financiación, infraestructuras y servicios
son muy dispares
de unas Comunidades a otras. Y de entrada hay que añadir,
además, que los costes de esta crisis que venimos soportando desde
2009 ha sido soportada sustancialmente, en unos y otros territorios,
por los grupos sociales menos favorecidos, como hace visible el
Informe FOESSA-2017 sobre “Desprotección
social y estrategias familiares”. El análisis de la inversión
pública en educación que acaba de hacer púbica FE-CCOO con motivo
del inicio de este curso académico incide en que es el derecho
universal a una educación digna el que los más débiles no han
logrado disfrutar, mientras otros segmentos sociales apenas han
notado su carencia. En definitiva, entre relatos y contrarelatos, lo
constatable es la desigualdad de trato y el poco interés en ponerle
remedio ajustado.
Acuerdos concretos
para un pacto
Manuel de Puelles acaba
de recordar en la Subcomisión parlamentaria por el Pacto Social y
Político en Educación la irresistible seducción por solucionar
cuestiones relevantes con la mera legislación. Tal tentación no ha
impedido que nos encontremos con problemas de difícil solución si
no se alcanzan, al menos, algunos “acuerdos pragmáticos concretos”
ni si, en el medio plazo, no se revisa lo acordado en el artc. 27 de
la Constitución. Puede que no sea este el momento adecuado para
tener en cuenta los incumplimientos. Pero es que desde 1978 nunca
hemos tenido tiempo para ello, lo que en sí mismo constituye un
problema más serio: en casi 40 años –tantos como los de la etapa
franquista- no se han logrado casar satisfactoriamente dos
pretensiones primordiales en un sistema democrático como la
universalidad y la igualdad educativas en libertad.
Sin entrar en un acuerdo
en profundidad del artículo 27, siempre que las partes ansíen de
verdad un pacto educativo el no plantear ahora un cambio
constitucional “no resta, sin embargo, la posibilidad de llegar a
un acuerdo en la interpretación de este artículo”. En esa
dirección, se ha de ser consciente, de todos modos, de que no es la
primera vez que se sueña con un pacto en este ámbito. El
incumplimiento de lo pactado en la Constitución hizo
que se intentara en 1997, y que lo rechazara Esperanza Aguirre;
también lo propuso el Consejo Escolar del Estado
en 2004, con Marta Mata todavía en su presidencia; y volvió a
tratar de lograrlo Ángel Gabilondo en
2009 sin que lograra sacarlo adelante. E igualmente se ha de
advertir que, para lograr algo efectivo y no meramente cosmético, en
esta Subcomisión hace falta algo más que formalismos. En lo que le
reste de trabajo, no debiera convertirse en mera catarsis
particular, reducida a oír voces contradictorias. Peor sería que
se quedara en dilación de pura distracción, nada terapéutica.
Se podría empezar, en
consecuencia, por “fijar los procedimientos para los acuerdos y
consensuar las propuestas de contenidos de esos acuerdos concretos”.
Si el theatron griego era un espacio para ver y la paideia
lo que todo ateniense debía saber, la experiencia visual y
auditiva que proporcione esta Subcomisión parlamentaria propiciaría
de este modo el clima adecuado para establecer las políticas que
permitan mejorar el sistema educativo en el sentido de cumplir lo
que, en principio, trató de casar el artc. 27: su igualdad en la
libertad.
Esperemos que este curso
sea más fructífero en esa dirección y que, para ejemplo, la LOMCE
sea derogada pronto. De no seguirse esta secuencia propiciadora de la
filía o fraternidad democrática, la educación española
seguirá haciendo contemplar desajustes derivados de la inequidad
creciente que privilegia. Pese al espectáculo que acaba de
reanudarse en el Parlamento, seguirá traduciendo un entendimiento
sesgado de la libertad de enseñanza, por aristocratizante y
segregador. Bien merece la pena limitar el malestar híspido y
displicente que, en vísperas del 1-0, se vive estos días
especialmente en la historia particular de Cataluña y, por reflejo,
en el resto de las comunidades españolas. Para algo útil debiera
servir esta mala experiencia.
TEMAS: Pacto
educativo. Acuerdos posibles. Artículo 27 de la Constitución.
Comienzo de curso. Cataluña. Historia de la educación. Sistema
educativo español. Diálogo político.
Manuel Menor Currás
Madrid, 17.09.2017
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