Los pasados días 13 y 14 de abril, la FAPA
Giner de los Ríos, apoyada por otras organizaciones de signo
progresista, celebró en Madrid el Primer Congreso Regional por la Escuela Pública.
Asistieron unas 300 personas, de las cuales cabe señalar que había más de
cincuenta padres y un número similar de estudiantes, y de entre los profesores,
una variada representación de todos los niveles educativos, incluido el
universitario. La asamblea mostraba de este modo una amplia representación de
intereses de lo que, en lenguaje de los años ochenta, cabría denominar la Comunidad Educativa.
El
lugar escogido para el acontecimiento fue el
Instituto madrileño hoy denominado de Isabel la Católica y que, antes del
3 de abril de 1939, se había llamado Instituto-Escuela: Sección de Retiro.
Aledaño a este parque, por su zona sur, lindero igualmente con el Observatorio
Astronómico, y muy próximo al Jardín Botánico y al Museo del Prado, este
edificio escolar público fue para la
Junta de Ampliación de Estudios (1918) una de las mejores
muestras de cómo entendían muchos regeneracionistas de entonces la enseñanza de
todos para todos. Desde este Cerrillo de San Blas, en uno de los solares mejor
situados en Madrid para relacionar con el entorno más ilustrado de la ciudad lo
que se quería hacer dentro de las aulas con los alumnos y alumnas que allí
accedieran, todavía hoy guarda más de dos mil ejemplares de la extraordinaria
biblioteca que tenía antes de la Guerra Civil y una importantísima colección de
materiales para la enseñanza de la
Biología y la
Geología –muchos afortunadamente rescatados y registrados ya
como patrimonio cultural-, además de una buena muestra de los cuadernos
escolares que sus alumnos primeros elaboraban a diario. Los signos de calidad y
modernidad educativa que transpira el edificio y cuanto contiene han sido un
inmejorable marco para reivindicar hoy una continuidad de aquellas políticas
que, a finales de la primera década del pasado siglo, muchos de los más lúcidos
intelectuales españoles quisieron implantar en pro de una escuela pública de
calidad.
La
ponencia principal que centró la reunión corrió a
cargo de Manuel de Puelles Benítez, Catedrático de la Uned y acreditado
especialista en la historia de las políticas educativas en España. La amplia y
solvente bibliografía que ha escrito al respecto y la no menos extensa
experiencia de explicar ante públicos muy diversos el ambiguo desarrollo que la
educación ha tenido desde las Cortes de Cádiz, hicieron que la amenidad y el
rigor se aunaran en provecho de una claridad sobresaliente que el variado
público correspondió con agradecida atención. La referencia inicial a Ortega
-“no tenemos naturaleza, tenemos historia”- prefiguraba una buena parte de lo
que vendría después: el relato bien trabado de aspectos primordiales del pasado
de nuestro presente educativo. Antes de referirse a la fragilidad actual que el
sistema público de enseñanza tiene en España -de futuro incierto al no poder
prever si quedará reducido a mero subsistema de beneficencia-, Puelles hizo un breve recorrido por nuestro
pasado en que documentó algunas pautas sustantivas condicionantes del hoy
educativo. Ya en la
Constitución de Cádiz, quedaron marcados no pocos rasgos. Si
en el art. 366 se establecía que en todos los pueblos de la Monarquía se instituirán
“escuelas de primeras letras”, también se indicaba asimismo cuál sería su
primordial función: las cuatro reglas, escribir, leer y conocer bien el
catecismo católico y las obligaciones civiles. Al mismo tiempo, en el art. 321.
5 se le encomendaba su existencia, cuidado y funcionamiento a los ayuntamientos
y, por otra parte, el art. 12 consolidaba que “la religión de la Nación española es y será
perpetuamente la católica, apostólica y romana, única verdadera”,
comprometiéndose a protegerla y a “prohibir el ejercicio de cualquier otra”. A
partir de aquí, el recorrido de Puelles por el XIX fue destacando cómo entre
las sucesivas y reincidentes regulaciones que liberales y conservadores
–incluida la tan nombrada de Claudio Moyano en 1857-, van haciendo a la
“escuela primaria” –la destinada a atender a la generalidad de los ciudadanos-
siempre tuvo enormes limitaciones de recursos en todos los aspectos. Dato de
referencia primordial en este sentido fue una cita de Bartolomé Cossío en 1899,
cuando el Director del Museo Pedagógico contrastaba la existencia de una
población infantil que sobrepasaba los cuatro millones escolarizables, mientras
el sistema escolar existente sólo daba escasamente atención a dos millones. De
ahí a la IIª
República sólo sería destacable la labor regeneracionista de muchos
institucionistas, implicados en la
Junta de Ampliación de Estudios y en las diversos organismos
que ésta creó, defensores de una ampliación y modernización del sistema
escolar. Resaltaría igualmente, pero ya desde 1901, la diversificación de la
clásica “escuela unitaria” y su paso progresivo hacia la “graduada”, más
abierta a una enseñanza más rica y enciclopédica. Entretanto, la enseñanza
privada seguía su particular itinerario, el que siempre había tenido de
atención a las clases pudientes, capaces de pagarla. Con la última República,
las ideas de los liberales democráticos, republicanos y socialistas habrían
encontrado la posibilidad de expandirse de verdad: los dos años del bienio
reformista –1931 a 1933- se tradujeron en una sustantiva atención
presupuestaria al ámbito educativo, tanto para la atención a la formación de
los maestros como para la creación de espacios escolares dignos y otras muchas
iniciativas en que se aunaba armoniosamente la educación con la cultura. Según
Puelles, estos dos años fueron los únicos en que ha habido una auténtica
preocupación gubernamental por la “educación pública”. Tampoco posteriormente,
en la etapa franquista, puede decirse que la haya habido, pues todavía en 1969
había –según el Libro Blanco que
sirvió de base a la reforma de la ley de Villar Palasí- cerca de un millón de
niños sin escolarizar, amén de otras deficiencias como la de que se hubiera
tratado durante todo el período de hacer no una “escuela pública” sino una
estatalización de la escuela como medio de propaganda del régimen. Cumple, eso
sí, a los trabajos de la
Transición restauradora de la democracia -a partir de 1978-,
el que actualmente hayamos logrado no sólo la escolarización de las cohortes de
edad a que se había llegado anteriormente, sino además, que se haya ampliado
obligatoriamente hasta los 16 años, aparte de otros méritos de la enseñanza
pública española -resaltados claramente
por el último Informe de la OCDE, al lado de Corea
del Sur-, como el de la amplísima población a que ha logrado dar cobertura en
la etapa de Educación infantil y, sobre todo, en las postobligatorias, no sólo
de Bachillerato y Formación Profesional sino también en las distintas modalidades
de rango universitario. Entre esos logros de nuestros últimos treinta años,
tambin habría que señalar –según el ponente- que el Estado haya tratado de
integrar a los centros privados mediante los conciertos educativos que -según
estableció la LODE originariamente-,
al tiempo que facilitaban la cooperación de la iniciativa privada, la
justificaban como subsidiaria de un servicio público compartido con la escuela
pública.
¿Cuestión
de presupuestos? No todo es cuestión de
presupuestos -que habian cambiado mucho
desde que fueran inexistentes-, sino de concepto, visible desde luego en un
reconocible esfuerzo compartido por miles de docentes en una tarea común.
Manuel de Puelles, por ello, llamó la atención sobre cómo, ya desde los noventa
–sin que hubiera que esperar a los tiempos de crisis actuales-, se ha venido
tratando de limitar el alcance socializador del sistema público de enseñanza.
En esa onda sigue el Gobierno actual. Con el Sr. Wert al timón de los
selectivos recortes de ahora mismo, está llevando a cabo la última de las
acometidas contra la “escuela pública”: los presupuestos vuelven a bajar
sensiblemente -por debajo de la media de los países de la UE y de la OCDE-, con grave riesgo de
que avance el deterioro sistemático de este crucial servicio público. Su futuro
muy próximo podría ser el de que, una vez dada la vuelta a la función que se había asignado a la enseñanza privada, el
sentido creciente que vaya adquiriendo la “escuela pública” sea el de mera asistencia
“benéfica”. Entiéndase este término como una vuelta a las políticas del XIX en
que significaba un tipo de atención social meramente paliativo, insuficiente y
limitadísimo en recursos que, a menudo, procedían de la voluntariedad de
algunos ciudadanos. En España, sólo
cuando fue construyéndose lentamente -a partir de la Comisión de Reformas
Sociales especialmente-, el Estado Social y, posteriormente -muy pasada la
mitad del siglo XX- lo que en otros países había empezado a llamarse “Estado de
Bienestar”, fue desterrándose ese modo de atención en que quedaba evidente de
manera constante una radical desigualdad social. Por algo, de vez en cuando
–sin prisa pero sin pausa- estos dirigentes actuales nos recuerdan que “lo
natural” es la desigualdad y desean que lo asumamos. La crisis les está brindando
una oportunidad de hacérnoslo creer, de paso que nos imponen sus asimétricos
recortes, empeñados en que se trata de un gasto y no de una inversión. Aunque
suelen decir que es un bien público de todos, en la práctica ponen todos los
obstáculos para que los recursos públicos de la enseñanza sean de todos para
todos: entre otras cosas, detraen una parte cada vez mayor de los mismos para
que las diferenciaciones que la naturaleza del nacimiento suele marcar
persistan tal cual.
Las
Comisiones de trabajo: Como si hubieran adivinado
la crónica judicial de Yoldi en que citaría a Confucio proclamando que: “la
naturaleza hace a todos los hombres iguales, la educación los hace diferentes”
( “Distintas ante la ley”, en El País, 16/
04/ 2012, pg. 19), los asistentes a este Primer Congreso Por la Escuela Pública
quisieron indicar cómo querían que fuera esa educación en la España de hoy. Dedicaron el
sábado a un intenso trabajo en comisión
divididos en seis amplios grupos de participantes en que los asuntos tratados
fueron: 1: “Escuela científica, creativa e investigadora: currículum escolar
para el siglo XXI”.- 2: “Escuela democrática: participación efectiva”.- 3:
“Escuela laica: pluralismo o adoctrinamiento”.- 4: “Escuela inclusiva: de todas
y para todas las personas”.- 5: “Escuela de titularidad y gestión públicas:
privatización y mercantilización”. Y 6: “Enseñanzas postobligatorias:
Bachillerato y Formación Profesional”.
Puedes
verlo y oírlo: tanto la conferencia-marco de
Manuel de Puelles como las conclusiones de los grupos de trabajo de este Primer
Congreso por la
Escuela Pública estarán colgados en la Red en los próximos días, en plataforma@escuelapublica.org Es propósito de los organizadores darle continuidad
a estas reuniones, incluso a escala estatal.
Y es muy probable, además, que cuantos estén interesados en seguir de
cerca esta preocupación cívica puedan asistir, este verano, a una escuela
similar a las que, en los años setenta acogían los movimientos de renovación
pedagógica. ¡Suerte!
Madrid, 16/ 04/2012
No hay comentarios:
Publicar un comentario